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La Tragedia de la Indolencia

Más de 90 muertos y decenas de lesionados fue el resultado de la explosión del ducto de PEMEX en Tlalhuelilpan, Hidalgo el viernes 18 de enero. Y, a pesar de lo dantesco del incidente, el costo en vidas humanas fue poco.

Aquella tarde, una toma clandestina de gasolina sufrió una fuga importante. En poco tiempo, cientos de personas acudieron al lugar cargando bidones y otros recipientes para llenarlos con el que, quizás, hoy se ha convertido en el líquido más preciado en el país.

Mediante redes sociales como Whatsapp y Twitter, habitantes de las cercanías se comunicaban entre sí para acudir al sitio y llevarse la gasolina que salía a borbotones desde una zanja. Al lugar arribaron hombres, mujeres y niños como si se tratara de un espectáculo de la Madre Naturaleza y no de una situación clandestina y peligrosa.

Ahí se encontraban oficiales de policía y algunos militares que poco o nada hicieron para retirar a la gente del riesgo. “Aléjense que es peligroso”; “Quítense de ahí que puede explotar”; “Les van a hacer daño esos vapores”, fue a lo más que llegaron sin acordonar la zona delimitando con ello el peligro. Algunos dicen que la autoridad se vio superada por la cantidad de personas que se robaban el combustible; otras más reclaman que no se haya reforzado la seguridad desde que empezó la fuga, y siendo Hidalgo el estado con mayor robo de combustible.

La realidad es que, culpables unos u otros, la explosión alcanzó a los pobladores creando un panorama aterrador en donde decenas de personas corrían prendidas en llamas. Hubo, desde luego, quienes no alcanzaron a escapar y murieron calcinados a pocos pasos del ducto ante la mirada atónita de reporteros y autoridades que habían presenciado todo.

Muchas preguntas se han levantado a lo largo de los días: “¿Por qué no había la debida vigilancia en el ducto si se sabía que había una toma clandestina?”; “¿Por qué la gente acudió ignorando el riesgo, y llevando incluso a niños y ancianos?”; “¿El gobierno tiene responsabilidad en la tragedia?”; “¿Merecen castigo quienes se robaban el combustible?”

Hay factores que no debemos desestimar, como el hecho de que en el 2018 se detectaron 12,581 tomas clandestinas en las cuales no se presentaron tragedias. Parte de la sociedad pide que no se indemnice a las personas heridas ni a los familiares de los fallecidos, tal como ha anunciado el Presidente López Obrador. Pero otra parte de la sociedad exige justicia argumentando que esas personas no eran huachicoleros, sino pobladores desesperados ante el desabastecimiento de gasolina en el país.

Como sociedad debemos preguntarnos en qué circunstancias reales llevaron a familias enteras a ponerse en riesgo por unos bidones de gasolina. Quizás la ignorancia, el agandalle, el dinero fácil sean parte de la respuesta. Es una realidad que cientos de comunidades como Tlalhuelilpan buscan mejorar sus condiciones de vida, y muchas veces la falta de preparación o la indolencia las orilla a

tomar alternativas que ponen en riesgo la integridad física de sus habitantes o su patrimonio. La sociedad civil juega un papel importante, pues estamos obligados a participar y fomentar la construcción de ciudadanía que implica en casos como éste ubicar los derechos y libertades de la anarquía y el descontrol social.

Lo ocurrido en Tlalhuelilpan es una triste advertencia para los gobiernos, cualquiera que sea su color, de las consecuencias en que pueden derivar las medidas gubernamentales cuando carecen de estrategias claras de control. Esta, es una lección de la que debemos aprender la sociedad, las autoridades y los gobiernos en sus 3 niveles, porque desestimar los errores es dejar la puerta abierta a la tragedia.

 

 

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